¿Qué opináis sobre la nueva Ley de Subvenciones?

Hola! Me resulta difícil creer que pueda producirse un empeoramiento de la Ley de Subvenciones, pero sabemos que no solo la realidad supera la ficción, sino que en este país (que diría Larra) vamos siempre un paso más allá.

Por lo que leo, de entrada van a complicar aún más la tramitación administrativa incluyendo la justificación, cosa difícil, ya es farragosísimo y además, con criterios diría contradictorios entre los distintos organismos concedentes, fórmulas, plantillas, etc. sin ninguna homogeneización que facilite la labor de las entidades que optan a ayudas públicas en cualquiera de los tres (cuatro, si incluimos la EU) niveles administrativos. En ese caso, entiendo que podrán mantenerse solicitando (y tramitando) subvenciones las organizaciones medianas y grandes que pueden destinar presupuesto y/o personal a esas gestiones. Una entidad pequeña con bajos recursos se puede quedar en el camino porque la exigencia de formulación, tramitación y las justificaciones ya ocupan meses, cuando hace 10 años eran solo algunas semanas en determinados períodos del año. Si lo complican aún más, parte del 3er sector se queda fuera por imposibilidad material.

Por otro lado, la modificación relativa al pago a cuenta de las ayudas, para que ahora se cobren una vez ejecutado y justificado el proyecto, resulta fuera de lugar. El tercer sector está conformado por entidades que por la formulación de su forma jurídica en las propias leyes (fundaciones, asociaciones, etc.) difícilmente pueden obtener grandes beneficios económicos (excluyo a las grandes prestadoras de servicios sociales como Cruz Roja o Cáritas) lo que las hace mantener un funcionamiento de supervivencia y ejecutar acciones o proyectos en base a la financiación que reciben ad hoc y a cuenta, es decir, sin anticipar esas entidades los fondos, de los que por definición no suelen disponer.

De hecho, a mi parecer, ese funcionamiento de “arriesgar, anticipar” fondos propios para una acción, lo mismo que solicitar créditos bancarios es el que se corresponde con el funcionamiento de la empresa privada y de los emprendedores

La cofinanciación de proyectos no me queda muy clara, dado que es una fórmula ya existente en algunos organismos para proyectos de alto coste, y por cierto, que ya era solo accesible para grandes organizaciones con mucha liquidez. También me parece que excluye a un sector importante de organizaciones, precisamente por el enunciado anterior: la mayor parte del sector necesita que las ayudas a acciones y proyectos cubran desde los gastos de estructura hasta el último céntimo destinado al proyecto y que se les pague al inicio del proyecto. Cofinanciar como fórmula general parece destinado a entidades grandes y solventes. Y, como refiere la nota de prensa, al final puede resultar que la propia entidad paga al Estado (dado que cofinancia con sus propios recursos) un servicio que presta precisamente porque el Estado no da para prestarlo.

También se cita la intensificación del régimen sanciador, que ya resultaba expeditivo, ejemplarizante y disuasorio, pero que creo, desgraciadamente, no puede ser más que una respuesta acorde a la mala gestión pública, con absoluta falta de control, redes opacas de empresas y políticos, favoritismo y amiguismo, etc. de los últimos años que hoy atestan los tribunales de justicia.

Son muchas las consideraciones y reflexiones que se producen en torno a esta cuestión, y no querría alargarme mucho más y menos sin haber leído el nuevo texto. Pero en todo caso, resulta paradójico que mientras uno de los pilares sociales que se fomenta desde Europa es el del tercer sector como elemento de cohesión social, concienciación y valores comunes, en España la tónica ha sido en los últimos años asolarlo.
Por otra parte, la dinámica de fondo de la nueva propuesta de Ley de Subvenciones parece tendente, como indica la nota de prensa, a que determinadas ayudas sociales (no de fomento de la empresa u otros sectores) no se dirijan ya en muchos casos exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro, sino que participen también empresas. ¿Liberalización del tercer sector? ¿O respuesta a una realidad palpable?: las empresas han venido constituyendo organizaciones sin ánimo de lucro para optar a ayudas públicas a las que luego prestaban sus propios servicios, y viceversa (organizaciones sin ánimo de lucro creaban una pequeña empresa como cliente o proveedor).

Queda mucho por decir y sobre todo por hacer, en primer lugar que la Administración conozca, de verdad, el funcionamiento de las entidades del tercer sector y la necesidad real social que están cubriendo. Una propuesta que se ha barajado largo tiempo desde distintos implicados en el tercer sector es la creación de una “Agencia Pública de ayudas y subvenciones”, con todos los controles técnicos, económicos y fiscales necesarios y preceptivos, pero que responda en la tramitación y ejecución de los proyectos sociales con la flexibilidad que éstos requieren, porque casi siempre son acciones sometidas con calzador a un calendario administrativo, además de que tendría la capacidad de homogeneizar las Bases Reguladoras en todos los niveles, formularios, solicitudes, documentación a aportar, justificaciones, etc etc etc.

Saludos,
Elena