ONG españolas denuncian ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales
ONG de derechos humanos presentan hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Fuente: Canalsolidario.org
Autor: FEAFES
El 7 y 8 de mayo ha tenido lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.
Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del mencionado Comité.
En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años.
Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados.
Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”.
Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.
Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social”.
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.
Trata sobre:
- Otra
en las redes sociales