Los derechos de la población refugiada frente a la pandemia

Esta semana se celebra el Día Mundial de los Refugiados. Miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad se ven obligadas a huir de sus países de origen para proteger sus vidas y las de sus seres queridos. El COVID-19 ha hecho que la situación a la que se enfrentan estas personas tras abandonar sus hogares sea infinitamente más dura.

Según el nuevo Informe de la Organización Internacional para las Migraciones, “durante el primer año de pandemia hubo más de 111.000 restricciones de viaje y cierres de fronteras en todo el mundo que alcanzaron su punto álgido en diciembre” (Naciones Unidas, 8 de abril de 2021). Esto ha provocado que muchas personas vean frustrada la opción de desplazarse como medio para huir de la violencia, desastres naturales o crisis económicas que sufren sus países de origen.

Y es que, las restricciones respecto a los desplazamientos han servido para profundizar aún más la brecha social y económica que sufren las poblaciones más empobrecidas del globo. En la actualidad, 79.5 millones de personas desplazadas son aún más vulnerables por el impacto del COVID-19, y sus efectos podrían durar años.

Como bien afirma el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, las personas refugiadas y desplazadas internas encaran tres crisis en la actualidad:

• - Una crisis sanitaria, al exponerse al virus de forma constante debido al hacinamiento y a la falta de servicios básicos (como la atención sanitaria) que sufren en los campos de refugiados.

• - Una crisis socioeconómica, ya que la población refugiada se ve obligada a involucrarse en la economía sumergida para obtener recursos, careciendo así de cualquier tipo de protección social.

• - Una crisis de protección, dadas las duras políticas fronterizas impulsadas durante el último año y el aumento de racismo y la xenofobia por el temor al virus.

En resumen, la población refugiada i) se encuentra en su mayoría hacinada en campos de refugiados; ii) sin medios básicos ni para protegerse del contagio (como agua o jabón) ni para curarse en caso de contraer el virus; iii) y ubicada en Estados absolutamente frágiles con sistemas de salud que presentan importantes carencias, de los cuales además no pueden salir debido a las fuertes restricciones a la movilidad. Según los datos de Naciones Unidas, un tercio de la población refugiada se encuentra ubicada en los diez países con peor situación respecto al COVID-19.Todo ello es especialmente grave para mujeres y niñas, aumentando el riesgo de ser víctimas de conductas violentas, abusos y explotaciones por cuestiones de género.

Las personas refugiadas han experimentado enormes dificultades para realizar sus solicitudes en otros países (cierre de fronteras, imposibilidad de presentar solicitudes en embajadas y consulados, suspensión de plazos administrativos y retrasos, etc.) y han sufrido numerosas vulneraciones de sus derechos básicos durante los últimos meses.

Para revertir la situación, las organizaciones internacionales, órganos de gobierno, administraciones públicas, ONG y otras entidades deben llevar a cabo una promoción del cambio que impacte positivamente en los derechos humanos y en las nociones existentes acerca de la movilidad humana. Se debe abogar por la inclusión de la población refugiada en nuestras sociedades como única vía para dar una respuesta sólida y derrotar a virus, además de avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El temor y las restricciones jamás debe situarse por encima de la protección de los derechos humanos; todos debemos estar a salvo y ser parte de la solución.

La protección de la población refugiada es una responsabilidad compartida. La llegada de población inmigrante no supone una amenaza para nuestro sistema y nuestra integridad. Al contrario, deben ser incluidos como parte integral del trabajo de resiliencia y reconstrucción de cara a los futuros retos de nuestras sociedades y al cumplimiento de la Agenda 2030.