¿Quién debería correr con los gastos de personal en caso de que una asociación no logre fondos suficientes para mantener sus proyectos?

El artículo 15 de la Ley de Asociaciones es claro al respecto:
“Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.”
Ahora bien, la asamblea de socios es quien debe de aprobar las cuentas anuales, así como el monto de la cuota anual si la hubiera. Es la propia asamblea, por tanto, quien debe aprobar nuevas vías de obtención de fondos o incluso establecer un incremento de cuota para garantizar la viabilidad económica de la asociación y/o el cumplimiento de objetivos.