¿Qué procedimientos son necesarios para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Creo que es un pregunta que difícil de contestar en términos generales; la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es una norma que para muchos de los afectados es como “matar moscas a cañonazos”, como otras tantas normas (se me viene a la cabeza la reciente obligación de declarar bienes en el extranjero) que están pensadas para grandes defraudadores, para delincuentes, pero que, al final, a quien complican la existencia es al común de los mortales, a las personas (físicas y jurídicas) sencillas.

Es evidente que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es una norma que afecta a las ESFL en cuanto a, por ejemplo, la obligación de tener identificadas las donaciones y su procedencia; ahora bien, respecto de la obligación de elaborar los protocolos previstos en la citada Ley y las posibles comunicaciones al SEPBLAC, habrá que estar al caso concreto, pues entiendo que tampoco se puede entender que todas las ESFL queden automáticamente obligadas a cumplimentar lo protocolos previstos en la citada Ley, sino sólo en los casos de determinadas operaciones o cuando existan indicios de la procedencia ilícita de determinados fondos.

Espero que os aporten algo estos comentarios.

Juan González Martín-Palomino.