Proceso de liquidación de entidad declarada de utilidad pública

Si la entidad est´´a acogida al régimen fiscal de fundaciones, hay que acudir a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. En su artículo 33 regula el proceso de liquidación, y dice lo siguiente:
Artículo 33. Liquidación.

1. La extinción de la fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 31.d, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado.

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general.

4. Reglamentariamente se establecerán los criterios reguladores del procedimiento de liquidación a que se hace referencia en los apartados anteriores.

Raglementariamente, se establece lo siguiente:
Artículo 19. Procedimiento de liquidación.
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto de fusión establecido en el artículo 29.d) de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará
por el órgano de Gobierno de la Fundación bajo el control del Protectorado (artículo 31.1 de la Ley).
2. El Protectorado, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, exigirá a los liquidadores información
periódica acerca del desarrollo del proceso de liquidación. Asimismo, podrá recabar de los mismos la
información adicional que estime oportuna.
Los liquidadores deberán cumplir las obligaciones de comunicación y, asimismo, habrán de solicitar
autorización previa en los casos en que vengan exigidas por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de los liquidadores que sean contrarios a las
normas del Ordenamiento o a los Estatutos de la Fundación.
3. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las Fundaciones o a las entidades no
lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio
fundacional o en el Estatuto de la Fundación extinguida. En su defecto este destino podrá ser decidido, en
favor de las mismas Fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa
facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido
(artículo 31.2 de la Ley).
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las Fundaciones podrán prever en sus Estatutos o
cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a
entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general (artículo 31.3 de la
Ley).