¿Para pasar de asociación a fundación es mejor tramitar primero la “declaración de utilidad pública” y ahorrarnos gastos fiscales?

Me parece que lo tenéis muy claro, pero por si acaso, te preciso, que una asociación no se pude convertir en fundación. Lo más que puede hacer es constituir con su propio patrimonio la fundación, pero seguirán siendo personas jurídicas diferentes.
En cual quier caso, la declaración de utilidad pública sólo afectará a la asociación, no así a a la fundación, ya que:
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ya establece en su articulado, que “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general” (art. 3), por lo que una declaratoria de utilidad pública sería redundante. No es el caso de las asociaciones regidas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que establece que las asociaciones se constituyen para conseguir unas “finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular” (art. 5), por lo que éstas sí precisan de una justificación legal expresa de que colaboran en la consecución del bienestar social, participando siquiera sea mediatamente en las funciones del Estado; de ahí el reconocimiento como de Utilidad Pública”.
Es decir, sólo puede ser declarada de utilidad pública una entidad no lucrativa que adopte la forma jurídica de asociación. Los requisitos concretos, vienen enumerados en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

Sobre estos temas, Juan Tellez resolvió una asesoría parecida. Por la claridad de la respuestas, te la incluyo:

“...el proceso de transformación de Asociación en Fundación, como tal, no está previsto en la legislación. No obstante, hay otros caminos a seguir para lograr el mismo fin:

1.- Que la Asociación, por acuerdo de su Asamblea General convocada al efecto, tome la decisión de constituir una Fundación, acuerdo en el que necesariamente deben constar, entre otros requisitos, la identificación de las personas que van a integrar el Patronato (órgano de gobierno de la Fundación), la forma en la que son designados, así como la cesión gratuita de los bienes y derechos que van a integrar la dotación de la Fundación; si ésta es de ámbito estatal, se establece una presunción de suficiencia de la dotación de 30.000 euros, si bien la dotación puede ser menor acreditando la suficiencia de los recursos con los que se cuenta.-
En este caso, la Asociación no desaparece, sino que se reserva el control del órgano de gobierno de la Fundación, reservándose la designación de los miembros del Patronato, o bien haciendo que tales miembros coincidan con los de la Junta Directiva, de manera que cuando expire su mandato en la Junta, también expirará en el Patronato.-

2.- También puede ocurrir que lo que realmente se desea es la desaparición de la Asociación. En tal caso, es necesario, igual que antes, el acuerdo de constitución de la Fundación, en los mismos términos que los indicados en el punto 1, si bien sería conveniente que la cesión gratuita de patrimonio a favor de la Fundación para integrar la dotación, abarcara a todo el patrimonio de la Asociación. De esta forma, la Asociación quedaría sin patrimonio y, una vez constituida la Fundación, e inscrita en el Registro de Fundaciones, sería necesario adoptar un acuerdo de disolución, por parte de la Asamblea General de socios, e inscribir la disolución en el Registro de Asociaciones correspondiente.-

Respecto al régimen de funcionamiento, en una Asociación el funcionamiento debe ser democrático, con amplias facultades decisorias a favor de una Asamblea de socios, lo que en ocasiones puede dificultar la toma de decisiones por parte del órgano de gestión, es decir, la Junta Directiva. En cambio, en una Fundación el órgano de gobierno es el Patronato, que adopta las decisiones que estima convenientes en relación con la gestión de la Fundación, sin tener que rendir cuentas o solicitar autorización a una Asamblea de socios, ya que en la Fundación los socios no existen. Esto no significa que el Patronato tenga libertad absoluta, ya que está sometido al control del Protectorado que, en función de sus fines, le corresponda, bien mediante comunicación posterior de sus actuaciones, bien mediante solicitud de autorización para determinadas actuaciones.”