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En ella, se hace referencia a los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las ONG e incluye novedades como la inclusión del voluntariado corporativo.

El objetivo final es apoyar mejor y a más personas con discapacidad a acceder al mercado laboral ya sea mediante programas de empleo o mediante el emprendimiento.

La sentencia reconoce que la competencia de asistencia social es exclusiva de las Comunidades Autónomas. La decisión afecta a ONG de todo el territorio estatal.