Gobiernos autonómicos y locales provocan el endeudamiento de ONG de Desarrollo
Gobiernos autonómicos y locales deben a las ONG de Desarrollo más de 70 millones de euros. Más de 40 ONGD sufren retrasos de hasta dos años en el pago de subvenciones ya concedidas.
Las ONG para el Desarrollo denuncian que en muchas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos están sufriendo “otras formas de recortes” aún más graves –si cabe- que los recortes en los presupuestos destinados a cooperación. Se trata de retrasos de hasta dos años en el pago de subvenciones ya concedidas; de requerimientos de devolución de fondos ya concedidos o incluso del no reconocimiento de la deuda contraída por las administraciones con las ONGD.
La cifra que gobiernos autonómicos y locales deben a las ONGD asciende a más 70 millones de euros. En algunos casos, ese impago se produce desde el año 2009. Las más de 40 ONGD afectadas continúan manteniendo firmemente su compromiso con los proyectos y organizaciones de los países donde trabajan. En muchos casos, ese compromiso ha exigido la solicitud de créditos cuya cobertura depende del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las administraciones. Cumplimiento que hasta ahora no se ha producido.
Las consecuencias que se derivan de esta situación son muy graves:
>> Paralización de proyectos de desarrollo orientados hacia salud (especialmente primaria y reproductiva), educación y capacitación laboral, vivienda, saneamiento, agua, y seguridad alimentaria, sectores directamente relacionados con la casi imposibe ya consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
>> Desaparición de organizaciones sociales en los países más empobrecidos, aliadas de las ONGD españolas, por la imposibilidad de mantener la mínima estructura de gestión de los proyectos que se desarrollan conjuntamente.
>> Paralización de acciones que fomentan una ciudadanía crítica y comprometida en nuestros pueblos y ciudades, a través de la Educación para el Desarrollo.
Algunos ejemplos:
Comunidades Autónomas
>> La Comunidad Valenciana arrastra desde 2011, deudas que ascienden a más de 10 millones de euros.
>> Castilla La Mancha arrastra desde 2010 deudas que ascienden a más de 8 millones de euros.
>> Catalunya tiene una deuda más de 8 millones de euros.
>> Andalucía, con una deuda de 38 millones de euros.
Ayuntamientos y Diputaciones
>> Ayuntamiento de Calatayud no reconoce la deuda contraída por el Gobierno anterior, y se niega a abonar las subvenciones de 2010.
>> Ayuntamiento de la Villa de Ingenio (Gran Canaria) tiene pendientes deudas de 2008 y 2009.
>> Ayuntamiento de Miranda de Ebro arrastra deudas de 2009 y 2010.
>> Diputación de Valladolid – de 2006 y 2007.
>> Diputación de Ávila –de 2007 y 2008.
A los impagos se une el brutal recorte de los presupuestos de cooperación de los gobiernos autonómicos y locales en 2012 continúa su caída libre al ser el cuarto año consecutivo de descenso.
Según cifras oficiales, el descenso más acusado de la AOD de las Comunidades Autónomas se ha experimentado entre 2011 y 2012 pasando de 451 a 271 millones de euros, lo que supone un recorte de 180 millones, que a su vez representa un descenso del 39% respecto al 2011.
Las CCAA que sufren más recortes respecto a 2011 son la Comunidad Valenciana
(- 65%), Canarias (-89%), Andalucía (-20%), Baleares y Catalunya (-20%). Castilla la Mancha merece especial consideración en este punto porque, a día de hoy, tras el anuncio de la presidenta, no se sabe si habrá partida de cooperación al desarrollo.
Las únicas Comunidades Autónomas que entre 2011 y 2012 no ha recortado su presupuesto de AOD son Extremadura y Euskadi, manteniendo estable su compromiso. Esto demuestra que cuando hay voluntad política la solidaridad internacional con los países y personas más desfavorecidas permanece.
Así mismo, la AOD de los Ayuntamientos y Diputaciones ha descendido entre 2011 y 2012 pasando de 148 a 95 millones de euros, lo que supone un recorte de 53 millones, que a su vez representa un descenso del 36% respecto al 2011.
Las ONGD denuncian que están sufriendo un doble recorte que los gobiernos involucrados ignoran sistemáticamente. Las consecuencias para millones de personas con quienes trabajamos son irreversibles.
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